Project Zero recorta a 30 días: la IA rompe el calendario de parche

Google baja la divulgación de 90+30 a 30 días: los modelos convierten un parche en exploit en minutos y la instalación del parche queda como único cuello de botella real.

Google ha decidido que la ventana de 90 días para corregir una vulnerabilidad ya no es suficiente, y la ha recortado de golpe. El equipo de Project Zero, el programa de investigación de fallos de Google que lleva desde 2014 publicando vulnerabilidades de alto impacto en software y hardware de uso masivo, cambió este mes su política de divulgación. El motivo está escrito en la propia notificación a los proveedores: la llegada de la IA a la búsqueda y la explotación de fallos ha cambiado el terreno de juego hasta el punto de que el calendario anterior ha dejado de proteger a nadie.

La política nueva se llama "Full X" y funciona como una escalera. Desde el 13 de noviembre, el día del anuncio, toda vulnerabilidad reportada a un proveedor se publica 90 días después del aviso. El 2 de febrero de 2027 el plazo baja a 60 días. El 3 de enero de 2028 baja a 30 días. No hay un cuarto escalón: ese es el destino, y desde hoy está escrito en el calendario.

El cambio es más profundo de lo que sugiere el titular, porque no se trata solo de acortar plazos. Google también elimina la mayor parte de los casos especiales de su política, entre ellos el periodo de gracia y el tratamiento de las variantes de un mismo fallo. Y cambia el criterio con el que se decide qué se divulga: la severidad deja de contar como factor. El razonamiento, en palabras de Natalie Silvanovich, responsable del programa, resume bien el problema: la severidad mide el impacto de un fallo, pero no mide la probabilidad de que alguien lo encuentre.

Este artículo no trata de una decisión de política abstracta. Trata de lo que ocurre en el intervalo entre que un modelo de lenguaje encuentra un fallo y que el proveedor instala el parche, porque ese intervalo es el terreno que la IA acaba de acortar.

De 90+30 a cero

Hasta ahora, Project Zero aplicaba lo que llama una política "90+30". Son 90 días para que el proveedor corrija el fallo y 30 días adicionales de tiempo de despliegue para que el parche llegue a los usuarios. El objetivo declarado era doble: empujar a corregir más rápido y dar margen para que el parche se instalara. En la práctica, esos 30 días finales eran los que más dolían a los investigadores, porque era la ventana de la que un atacante podía apropiarse.

Google ya no cree que esa ventana exista. Su argumento es que los modelos de lenguaje han reducido tanto el tiempo que un atacante tarda en revertir un parche y convertirlo en un exploit que "tiempo cero entre parche y explotación" es un modelo razonable del comportamiento del atacante, aunque no exacto. La consecuencia práctica es demoledora: si el parche es público, el fallo también lo está en minutos, y el periodo de despliegue ya no aporta secreto alguno, solo una falsa sensación de él.

De ahí el segundo cambio de vocabulario, que es el más interesante de todo el anuncio. Google distingue dos intervalos. El primero es el tiempo que tarda un atacante en convertir el parche en un arma. El segundo es el "patch gap", el tiempo entre que se publica la corrección y que el usuario instala la actualización. El primero se ha casi anular por la IA. El segundo, que depende de los usuarios finales y de los equipos de sistemas, es el que ahora hay que atacar. Por eso la política nueva incluye entre sus objetivos explícitos que los proveedores reduzcan el patch gap, no solo el tiempo de corrección.

Y hay un tercer efecto, menos visible pero muy real: el volumen. Google dice que ahora encuentra varias vulnerabilidades por semana en objetivos donde antes encontraba unas pocas al año. Eso no es solo una mejora de productividad del equipo: es un cambio de escala que hace inviable el componente negociador de la política. Decidir con el proveedor si un fallo está corregido, si aplica un periodo de gracia o si la corrección es parcial exigía una conversación por cada informe. Con decenas de informes por semana, esas conversaciones dejan de escalar, y la respuesta de Google ha sido eliminarlas del proceso.

Por qué la severidad deja de importar

El aspecto más discutido del anuncio es la retirada de la severidad como criterio de divulgación. El razonamiento de Google es que la severidad mide el impacto sobre el usuario cuando el fallo se explota, pero no mide la probabilidad de que alguien lo encuentre. Con modelos capaces de encontrar fallos a partir de una descripción en lenguaje natural, esa probabilidad deja de ser una consecuencia de lo difícil que sea el fallo y pasa a ser una consecuencia de lo fácil que sea para un modelo encontrarlo. Un fallo de gravedad media que cualquier modelo encuentra se vuelve más peligroso que uno crítico que nadie mira.

La consecuencia para el trabajo diario de un equipo de seguridad es incómoda: el triaje por severidad deja de ser un filtro útil. Lo que queda es la pregunta de qué software está realmente expuesto en tu entorno, que es la que un atacante con un modelo va a atacar primero.

Google mantiene sus estándares de calidad. En su rastreador solo entran vulnerabilidades con severidad sustancial e impacto demostrado, y la reproducibilidad, la legibilidad y la alcanzabilidad del código siguen siendo condiciones. Lo que desaparece es la idea de que un informe de baja severidad pueda quedarse en la nevera. Solo quedan tres excepciones al plazo general: los fallos que se están explotando activamente, que se gestionan con la política de divulgación de seguridad de Google; los fallos cuyos detalles ya son públicos, que se pueden revelar a discreción; y los casos en los que el propio proveedor pide que se publiquen.

También desaparece, en la práctica, la comprobación de si el fallo está corregido. Google dice que la seguirá haciendo y que la comunicará al proveedor, pero deja de ser un punto de decisión de la política. Es un cambio con dos lecturas: por un lado, evita que el calendario dependa de una negociación bilateral; por otro, abre la puerta a que un proveedor declare una corrección que no cubre del todo la vulnerabilidad.

El otro lado: nadie está arreglando

La reacción de los profesionales de la seguridad es una de las pocas cosas en las que todo el mundo está de acuerdo en el diagnóstico y discrepa en la solución. La crítica más fuerte viene de quien más sabe de lo que habla.

Katie Moussouris, que dirige Luta Security y es una de las pioneras de la divulgación de vulnerabilidades, resume el problema con una frase que condensa el debate: un plazo no genera un parche. Su argumento es que los investigadores y las empresas de IA están enterrando a los mantenedores bajo informes, y que las propias empresas de IA tampoco cierran la brecha. Los números de su propio panel de divulgación dan la medida. A fecha de 2 de noviembre de 2026, Anthropic declara haber comunicado 5.087 vulnerabilidades en 680 proyectos de código abierto. De ellas, 629 están parcheadas, es decir, poco más de una de cada ocho.

Y no es un problema de capacidad de los modelos. Anthropic detalla el embudo completo en su panel: de 37.966 hallazgos candidatos, 6.376 fueron revisados por seis empresas de seguridad externas, 6.009 se confirmaron como vulnerabilidades reales, con una tasa de verdade del 94,2 por ciento, y 5.087 se comunicaron a los mantenedores. El cuello de botella no es que el modelo no encuentre fallos. Es que el volumen de hallazgos que llegan a la cola de un proyecto de código abierto mantenido por una persona se ha multiplicado.

Trail of Bits mide el otro lado del mismo problema con su iniciativa Patch the Planet, que trabaja junto a OpenAI para encontrar fallos, escribir parches y subirlos a los proyectos. Su panel de datos ofrece una radiografía del ciclo completo:

  • 77 repositorios de código abierto bajo revisión.
  • 2.162 problemas encontrados y comunicados, el cien por cien.
  • 1.429 esperando parche, el 66 por ciento.
  • 733 con parche escrito, el 34 por ciento.
  • 227 con el parche abierto y sin integrar, el 10 por ciento.
  • 506 con el parche aceptado y fusionado, el 23 por ciento.

Traducido: de cada diez fallos que una IA encuentra y una empresa de seguridad comunica, dos están resueltos de extremo a extremo. El 66 por ciento sigue esperando que alguien lo arregle. Es exactamente el punto en el que el acortamiento de plazos de divulgación choca con una realidad de la cadena de suministro del software libre, y donde el trabajo de un mantenedor voluntario se vuelve insostenible.

Marcus Hutchins, de Expell, apunta al mismo punto desde el lado de los proyectos pequeños: hay proveedores que se quedan con los fallos años, sí, pero también hay equipos sobrecargados, mal pagados, organizaciones sin ánimo de lucro y proyectos de una sola persona que ya parchean tan rápido como pueden físicamente. Reducir el plazo general a 30 días no reparte mejor el trabajo: lo concentra en quien tiene menos margen.

Dustin Childs, responsable de concienciación de amenazas en Zero Day Initiative, tiene la objeción más técnica: un calendario más corto produce parches menos completos. Ya se ve a 120 días, dice, y el riesgo es que a 30 días se multiplique el número de correcciones parciales que arreglan el camino de código visible en el informe y dejan el resto. ZDI, por cierto, usa 120 días como estándar de referencia para proveedores que publican parches que funcionan, y los recorta cuando el parche del proveedor es defectuoso.

La respuesta de Google a estas objeciones no es que las desprecia. La propia comunicación dice que consultó a los proveedores a los que más vulnerabilidades notifica, incluidos proyectos de código abierto, y que el consenso general fue que estos plazos son alcanzables. La cifra que más pesa en esa respuesta es una: en 2026, cada vulnerabilidad reportada por Project Zero contra un proyecto mantenido por voluntarios se corrigió en 30 días, con una única excepción, que tardó 31.

Anthropic va en la misma dirección

Google no es el único que está cambiando las reglas. Anthropic ya había anunciado su propio recorte, y lo aplicará en su política de divulgación coordinada: la ventana baja de 90 días a 30 para los fallos de gravedad alta y crítica, y a 45 días para el resto. El cambio se aplica a las vulnerabilidades comunicadas a proveedores y mantenedores a partir del 1 de enero de 2027, y los informes en curso mantienen sus plazos anteriores.

Los cambios que acompañan a ese recorte son igual de reveladores. Anthropic escalará a un coordinador externo de vulnerabilidades a los 15 días en lugar de a los 30 si el mantenedor no responde. Y esperará 30 días en lugar de 45 desde que hay un parche disponible antes de compartir los detalles técnicos completos. La ventana de siete días para fallos explotados activamente no cambia.

El razonamiento es paralelo al de Google, y está escrito con una franqueza que conviene leer: las normas de divulgación se diseñaron antes de que la IA pudiera encontrar vulnerabilidades, y asumían que los fallos se movían a velocidad humana y que nadie iba a redescubrir el mismo error de forma independiente. Ninguna de las dos suposiciones se sostiene ya, escribió la compañía. Un fallo que un modelo encuentra tiene cada vez más probabilidades de que otro modelo lo encuentre también.

La exclusión más interesante es la última. La nueva política no se aplica a los hallazgos descubiertos por IA que no han pasado por revisión humana, como los del servicio OSS Scanner que la propia Anthropic ofrece a mantenedores de proyectos críticos. Es un matiz que vale la pena retener: el recorte de plazos es para los hallazgos verificados por personas, no para el ruido automatizado a escala.

Qué hacer si mantienes software

El cambio no es solo aplicable a quien publica vulnerabilidades. Es aplicable a cualquiera que tenga software de terceros en producción, que es casi todo el mundo.

La primera conclusión es que el patch gap pasa a ser la métrica que importa. Google lo define como el tiempo entre la publicación de la corrección y la instalación de la actualización, y lo considera ahora el objetivo prioritario. Durante años, la pregunta en un comité de seguridad era cuántos días costaba parchear. La pregunta que corresponde es cuántos días tardan los usuarios en instalar ese parche, y esa depende de los procesos de despliegue, de la segmentación de la flota y de la ventana de mantenimiento, no del proveedor. Explotar un fallo recién corregido es tan fácil como instalar el exploit sobre la versión parcheada, así que un parche publicado y no instalado es, en la práctica, un parche inexistente.

La segunda conclusión es que la priorización por severidad tiene que complementarse. Un fallo de gravedad media en una biblioteca que todos tus servicios usan es probablemente más urgente que un fallo crítico en un sistema aislado que nadie expone. El criterio operativo que queda es la exposición real: qué componentes están accesibles desde Internet, qué datos tocan y qué ruta de ataque existe. Es un cambio de criterio que ya se está imponiendo en la industria y que conviene asumir antes de que lo impongan.

La tercera es separar el modelo del entorno. Un modelo comprometido puede ser una capacidad latente que solo se activa con un detonante, y ninguna evaluación de exactitud lo va a detectar. La respuesta no es confiar en la evaluación, sino en reducir el radio de acción: el agente con privilegios mínimos, las credenciales fuera de su alcance, el tráfico de salida restringido, las acciones con consecuencias que requieran aprobación humana. Si un modelo se vuelve malicioso, tiene que estar enjaulado y a la vista.

La lección de fondo

Hay un detalle en el anuncio que dice más que el titular. Google cuenta que ahora encuentra varias vulnerabilidades por semana en objetivos donde antes hallaba unas pocas al año. Eso significa que la capacidad de los modelos para encontrar fallos ya no es marginal: es la nueva línea base de la seguridad del software.

Y hay una segunda consecuencia que todavía no se ha dicho con todas sus letras. Si el tiempo entre el parche y la explotación es cero, si el tiempo entre el hallazgo y el parche se recorta a 30 días, y si el número de hallazgos que llegan a cada mantenedor se multiplica, entonces la capacidad de parcheo de todo el ecosistema, no solo la de un proveedor concreto, es el cuello de botella real. Ninguna política de divulgación arregla eso. Solo lo hace más visible.

Por eso la reacción correcta a este anuncio no es correr a publicar antes que los demás. Es revisar qué software crítico tienes y qué tan rápido puedes actualizarlo, asumir que los plazos van a seguir acortándose y hacer que la instalación de una actualización tarde días en lugar de meses. Todo lo demás es consecuencia.

Las reglas del juego de la divulgación de vulnerabilidades han cambiado en una semana: Google ha puesto un reloj de 30 días sobre la mesa y Anthropic ha puesto el suyo en 30 y 45. La pregunta ya no es si los proveedores van a poder cumplir, sino qué pasa con los que no pueden.

Fuentes